Por: Andrés Mejía-Vergnaud*
Yo, como muchos otros comentaristas, incluso algunos que son afectos al actual gobierno, sentí una profunda frustración con el desenlace de la reforma a la Justicia. La frustración, debo aclararlo, no obedece a que yo simpatizase mucho con el proyecto original: como la mayoría de “reformas” a la Justicia, no era más que un proyecto de pequeños ajustes, el cual dejaba vivos los verdaderos problemas de la justicia, si se le entiende como debe ser, como un servicio público: las insoportables demoras, los trámites, el papeleo, la obsolescencia de los procedimientos, la corrupción, y en general, todo aquello que hace que, cuando un ciudadano busque a la Justicia para solucionar sus conflictos, deba soportar años, décadas a veces, de horrendos trámites, registrados en polvorientos expedientes. Mi frustración surge de constatar la asombrosa facilidad con la cual el gobierno, encabezado por el Presidente, cedió, retrocedió, bajó sus banderas, y dio el brazo a torcer, tan pronto la fuerza del poder establecido, representado en las altas cortes, le planteó un serio desafío con un proyecto alternativo. Dicho proyecto, ante todo, apuntaba a mantener y a engrandecer los privilegios de los que hoy gozan las altas cortes, los cuales el país debe soportar, sin que a cambio obtenga buena administración de justicia. Entristece ver que ni siquiera el retroceso del gobierno fue epílogo de una confrontación, de un debate, en el cual defendiese su proyecto. Bastó que el Consejo de Estado mostrara la espada en nombre de la oligarquía judicial, para que el gobierno retrocediese como un manso corderito, y llegase incluso a rendirse en iniciativas tan reclamadas por la sociedad, como la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, o su reforma radical. De nuevo, con este hecho, el cual se suma ya a otros tantos, la voluntad de liderazgo del presidente Santos queda puesta en duda: no se le ve disposición para tomar decisiones difíciles, y con gran facilidad retrocede ante los desafíos que se le plantean. El caso del paro camionero de febrero pasado fue uno de los primeros anuncios: en aquel caso el Presidente toleró durante varios días una protesta que recurrió a vías de hecho (bloqueos de carreteras, e incluso de las calles de Bogotá), y luego cedió a las peticiones de quienes la organizaron.
*Director Académico del Instituto de Ciencia Política